SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2017-S2

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico por la supuesta comisión del delito de robo agravado, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva en base a la existencia de nuevos elementos referente a los riesgos procesales; sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Quinto, mediante Resolución 216/2016 de 1 de julio -lo correcto es junio-, rechazó su pretensión sin efectuar una correcta valoración de los elementos de prueba aportados por su parte a efectos de desvirtuar los riesgo procesales de domicilio y trabajo lícito.

En tales circunstancia, formuló recurso de apelación con el propósito de que el Tribunal de alzada en compulsa de los antecedentes, repare sus derechos vulnerados; sin embargo, en audiencia de 7 de julio de 2016, las autoridades hoy demandadas mediante Resolución 133/2016 de 7 de julio, declararon improcedente la apelación señalando que solo se habría demostrado la existencia de familia y por ende confirmaron la Resolución impugnada, omitiendo pronunciarse respecto a los agravios y los fundamentos expuestos en audiencia de apelación y sin manifestarse respecto a la prueba presentada al momento de formular su solicitud de cesación a la detención preventiva, limitándose a señalar que la matrícula de comercio se encontraba caduca, hechos que ocasionarían que se encuentre indebidamente privado de libertad.