AUTO CONSTITUCIONAL 0049/2017-CA

En ese entendido resulta necesario puntualizar que la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad concreta, es someter a control de constitucionalidad una disposición legal sobre cuya constitucionalidad surja duda razonable y fundada sobre la resolución de un proceso judicial o administrativo, dicho entendimiento fue asumido en el AC 0312/2012-CA de 9 de abril, que a su vez hace referencia al AC 0026/2010-CA de 25 de marzo, y éste reitera el razonamiento de la SC 0045/2004 de 4 de mayo, el cual determinó que: “‘…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada’ (…); en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso” (las negrillas nos pertenecen) en ese marco se tiene que los argumentos vertidos por Claudio Laboranti García no contienen la debida fundamentación y tampoco expresan los motivos por los cuales considera que el contenido de la norma impugnada contradice la Norma Suprema, incumpliendo el mandato previsto por el art. 24.I.4 del CPCo, efectuando únicamente citas del artículo, de la Resolución Determinativa y del principio que supuestamente contradicen la disposición cuestionada.

Por lo expuesto precedentemente, se establece que el accionante no cumplió con los requisitos indispensables para promover la presente acción de inconstitucionalidad concreta, limitándose a efectuar una simple mención sobre una supuesta vulneración del texto constitucional invocado, sin realizar una fundamentación jurídico-constitucional que posibilite la realización de un juicio de constitucionalidad; omitiendo generar duda razonable para efectuar el control normativo de los preceptos impugnados, impidiendo así un análisis de fondo y activando la causal de rechazo prevista en el art. 27.II inc. c) del CPCo.