SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0180/2017-S3

Se encuentra comprobado ante la justicia constitucional que la madre de la menor AA incumplió sus obligaciones, encontrándose sujeta a la acción penal por el delito de trata y tráfico, el cual se encuentra en proceso de investigación ante la Fiscalía de Caranavi del departamento de La Paz, que no puede remitir el cuaderno procesal ante la autoridad judicial competente porque la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital del citado departamento -hoy demandada- no expidió las fotocopias requeridas pese a la Conminatoria efectuada por el Ministerio Público y siendo que existen trámites para la declaratoria de incompetencia para la citada autoridad judicial, la misma no controla a sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, en razón a que estos no despachan con prontitud los trámites de notificación, provocando un retardo de justicia, dejando en incertidumbre la situación jurídica de la niña respecto a la guarda legal que conoce el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del mencionado departamento, aspecto que afecta a la menor AA en cuanto a su educación pues la “autoridad educativa” no sabe a quién obedecer, si al Juez Público de Familia o al Juez Público de la Niñez y Adolescencia.

Por otro lado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi del referido departamento abandonó el proceso, y pese a remitir el cuaderno de control jurisdiccional -causa 290/2016- seguido contra la madre de la menor AA por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del mencionado departamento, no efectuó la ficha de coordinación para que la respectiva Defensoría de la Niñez y Adolescencia realice el seguimiento del caso y elaborar los informes respectivos, en ese sentido la referida menor de edad no puede acceder a la inscripción escolar al ser restituida a su domicilio en el Edificio Ana María Piso 12 zona San Jorge de la ciudad de La Paz.