SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2017-S2

El Juez de Ejecución Penal del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2017 de 13 de enero, cursante de fs. 43 a 46 vta., denegó la tutela; fallo asumido en base a lo siguiente: i) Para establecer si en el caso hubo lesión de derechos y garantías constitucionales, es decir si los ahora accionantes vienen siendo perseguidos ilegalmente o procesados de manera indebida, es preciso analizar los antecedentes, de los cuales se tiene que a raíz de la denuncia hecha por Lindon Andreus Requena Johnson contra éstos por el presunto delito de tráfico de tierras y avasallamiento, misma que conforme la ley es procesada por el Ministerio Público, que al seguir su curso legal pasó por la unidad de análisis encargada de verificar si en ella existen elementos de juicio que ameriten el inicio de investigación, siendo así, se elaboran las órdenes de citación para los denunciados; y, que los actos de investigación fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción en lo Penal para el control jurisdiccional respectivo; empero, en el caso, la parte accionante no ha generado ni acreditado prueba o elemento que demuestre una persecución ilegal o un procesamiento indebido; y, ii) Habiendo los demandados informado y señalado que se tiene abierta una acción penal contra los ahora accionantes y que la misma sigue su curso legal, los hechos denunciados en contra de éstos, no pueden ser tomados como hostigamiento y persecución ilegal o indebida en razón a que como ya se indicó, se tiene una denuncia contra los ahora accionantes por la presunta comisión de un hecho delictivo, donde el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, en observancia del respeto de los derechos y garantías constitucionales; en suma, la acción intentada por los ahora accionantes, no contiene los requisitos para poder ser considerados persecución ilegal o indebida.