SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2017-S1

Amelia Juana Mujica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera del departamento de La Paz, mediante informe de 10 de marzo de 2017, cursante de fs. 15 a 16, indicó los siguientes extremos: i) Dentro del proceso de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar seguido por Nicole Luciana Miranda Pantoja contra el accionante se emitió la Resolución 521/2016 de 11 de agosto; posterior a ello, mediante memorial la parte demandante solicitó la liquidación de la asistencia familiar devengada por la suma de Bs6 000.-, escrito que fue puesto en conocimiento del impetrante de tutela el 9 de octubre del 2016 sin que esta sea observada por Juan Pablo Alberto Miranda Virreira; posterior a ello la demandante solicitó se apruebe la liquidación de la asistencia familiar disponiéndose el pago por el obligado bajo conminatoria de apremio dado a conocer al ahora impetrante de tutela el 31 de octubre de 2016; ii) Cursa mandamiento de apremio representado por la oficial de diligencias de su despacho, mismo que fue puesto a conocimiento del solicitante de tutela; la demandante impetró se libre mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias con allanamiento de domicilio hasta que el señalado page la suma de Bs6 000.-; emergente de ello mediante Auto de 24 de febrero de 2017, se dispuso librar el mandamiento impetrado, mismo que hasta la fecha no fue realizado; iii) Manifestó que el acuerdo transaccional fue voluntario entre la demandante y el accionante; iv) Todos los actuados dentro del trámite de solicitud de pago de asistencia familiar se realizaron siguiendo los plazos procesales conforme a las normas establecidas en la Ley 603, misma que en su     art. 109 señala que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias garantizando lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; el incumplimiento de quién debe otorgarla es exigible judicialmente cuando no se presta voluntariamente, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes; v) El art. 127 de la normativa señalada precedentemente, manifiesta que la obligación de asistencia familiar es de interés social, su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial; cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado, para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo del obligado; y,       vi) De lo descrito se puede evidenciar que su persona tramitó el pago de la asistencia familiar del accionante conforme lo establece la normativa de la materia y dando cumplimiento al art. 7 de la Ley 603 y tomando en cuenta el interés superior de la beneficiaria –hija del ahora impetrante de tutela–; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.