SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0517/2017-S1
Fecha: 31-May-2017
Fragmento 28
Los accionantes consideran que fueron lesionados sus derechos al trabajo, comercio, libertad de reunión y asociación, además del debido proceso, por cuanto el 9 de marzo de 2017, aproximadamente a horas 8:00 a 8:30 de manera sorpresiva y violenta, haciendo justicia por mano propia, entre gritos e insultos, los vecinos y dueños de casa de la calle Montaño, a la cabeza de Victor Quisberth, presunto Secretario General de la supuesta “Asociación de Comerciantes Minoristas calle Alberto Montaño” de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, sin mostrarles autorización alguna de la alcaldía, les impidieron armar sus tarimas; reventado petardos a fin de convocar a más vecinos, utilizando gas lacrimógeno, les obligaron a retirarse del lugar, prueba de ello acompañan certificados médicos forenses, grabaciones, fotografías. Nuevamente el 12 de marzo de 2017, más o menos a horas 8:30, con sorpresa vieron que en sus puestos de venta, estaban armadas otras tarimas, cuando se aprestaban a instalar las suyas, otra vez, usando petardos, les impidieron su asentamiento, donde el dueño de casa Victor Foronda, empezó a regarles con agua, hasta alejarles del lugar, sin lograr vender sus producto ni llevar el pan del día a sus casas a través de su única fuente de trabajo de comerciantes minoristas.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial; asimismo, en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e instituciones del poder público
- refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, superar la estructura de una visión colonial, lo previsto en el art. 8.I de la CPE
- En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, y entre otros, la verdad material y el debido proceso.
- En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- , siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derecho s y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida
- III.3. Sobre las medidas de hecho y excepción a la aplicación del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional
- El art. 129.I de la CPE, precisa que esta acción tutelar: «…se interpondrá (…), siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados», conocido como el carácter subsidiario de la acción
- Precisando mejor el alcance de esta excepción por la concurrencia de medidas de hecho, la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, puntualiza: «…existen situaciones excepcionales en las que el agotamiento de tales vías implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz, en el que por la existencia de acciones de hecho o justicia directa o a mano propia, que puede ser proveniente de parte de autoridades o funcionarios públicos, o de particulares, se hace urgente la tutela inmediata, prescindiendo de las vías legales que pudiesen existir, a efectos de que cesen las ilegalidades y actos hostiles, con la consiguiente afectación inclusive de otros derechos fundamentales, por tanto en esos casos corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada».
- corresponde, excepcionalmente, dadas las circunstancias apremiantes del caso en cuestión, otorgar la tutela inmediata del Amparo Constitucional, a efecto de que cesen las ilegalidades y actos hostiles perpetrados por los recurridos y demás personas que intervinieron en las acciones de hecho objeto del recurso
- III.4.En cuanto al derecho al trabajo
- Al respecto la jurisprudencia constitucional, precisando el carácter del derecho al trabajo refirió que: ‘…no implica la obligación del Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, sino que lo obliga a adoptar políticas que favorezcan la creación de puestos de trabajo tanto en el sector público como privado, y a tutelar este derecho fundamental contra actos que priven o restrinjan el ejercicio de este derecho o actitudes discriminatorias, a fin de garantizar iguales oportunidades para conseguir y tener estabilidad en un puesto de trabajo, en mérito al cumplimiento de los requisitos generales exigidos para el mismo’.
- Fragmento 28
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR