SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0693/2017-S2
Fecha: 03-Jul-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 9 de septiembre de 2016, el Fiscal de Materia -demandado-, comunicó ante el juez instructor de turno penal, el inicio de investigaciones, dentro el proceso investigativo iniciado contra Luís Mamani Muriel, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito.
Refiere que, el 19 del mismo mes y año, se apersonó ante el Ministerio Público en su condición de propietario del vehículo volqueta, marca Volvo, con placa de control 2796-KLS (vehículo con el cual el imputado produjo el hecho de tránsito), adjuntando Registro Único Automotor (RUA), póliza y certificación del Banco, más certificación del Sindicato Mixto “Poopó”, solicitando la devolución de su vehículo al Fiscal de Materia, quien requirió que previamente por ante la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), se elabore el informe de autenticidad de su vehículo, peritaje que se cumplió.
Señala que, el 4 de octubre de 2016, adjuntando el informe de DIPROVE, volvió a reiterar al Fiscal de Materia de Challapata, la devolución de su vehículo, porque ya había cumplido lo requerido por el mismo; autoridad fiscal que emitió el requerimiento de 5 de octubre de igual año, en el cual dispuso que pase a despacho para la valoración correspondiente y con su resultado se dispondrá lo que en derecho corresponda; a mérito de ello, en vista de que desde la indicada fecha, el Fiscal de Materia no respondía a su pedido, pese a haber cumplido con el informe de DIPROVE, el 15 de noviembre de 2016, hizo conocer al Juez de la causa, que se estaba vulnerando su derecho a la petición, al no tener respuesta a su solicitud impetrada; a ese efecto, la autoridad jurisdiccional el 16 del mismo mes y año, emitió la providencia, señalando que el Fiscal debe dar una respuesta pronta y formal a su petitorio, extremo que sin embargo no fue cumplido por dicha autoridad Fiscal.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables.
- el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa»”
- el derecho a
- el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental´
- necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión”
- la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
- se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario;
- corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios;
- el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo,
- para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición
- 1)
- III.3. Análisis del caso concreto
- una vez planteada la petición por particulares o servidores públicos a entidades o autoridades públicas, debe necesariamente ser objeto de una respuesta oral o escrita, motivada, pronta, oportuna y satisfactoria, dando respuesta material a lo solicitado sea en sentido positivo o negativo a sus intereses, dentro de un plazo razonable o en el plazo previsto por las normas legales previstas, que cubra las pretensiones del solicitante
- transcurrieron más de cuatro meses sin que el Fiscal de Materia haya dado una respuesta al pedido reiterado y concreto por parte del accionante, de disponer la devolución del vehículo marca Volvo, con placa de control 2796-KLS
- 2°