SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0709/2017-S1

Juan Marcelo Salvatierra Rojas a través de su abogado, señaló que los ahora accionantes demandaron la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales establecidos en los arts. 127 y 128 de la CPE, como ser el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y a ser juzgados en un plazo razonable; sin embargo, se debe considerar que si bien la querella fue presentada el 19 de diciembre de 2012, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz conminó al Ministerio Público a presentar una resolución, siendo entonces rechazada su querella a través de una resolución; sin embargo, esa determinación fue revocada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, contando actualmente el proceso con una imputación formal en contra de los impetrantes de tutela, quienes interpusieron un incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso el 19 de febrero de 2016, emitiéndose el Auto 116/2016 que lo declaró probado; empero, no se consideraron las vacaciones judiciales claramente establecidas a través de circulares oficiales y que los juzgados de turno conocen únicamente procesos cuyo imputado se encuentre con detención preventiva, lo que en el presente caso no ocurre, debiendo descontarse veinticinco días por cada año transcurrido durante la duración del proceso, además de feriados y domingos; por todo ello, el referido Auto fue revocado por el Tribunal de alzada, estableciéndose que se debe considerar la complejidad del caso y la pasividad del imputado; toda vez que, el Juez a quo no detalló cuales son los actos dilatorios incurridos por el Ministerio Público y la parte querellante, menos se realizó una auditoria jurídica exigida por la jurisprudencia; por lo que, no corresponde la extinción de la acción penal.