SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2017-S2
Fecha: 14-Ago-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y homicidio, previstos y sancionados por los arts. 171 y 251 del Código Penal (CP), se encuentra detenido preventivamente, en el Centro de Rehabilitación “San Antonio” del departamento de Cochabamba, en virtud a al Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2016, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Sexta -ahora demandada-, quien se encuentra a cargo del control jurisdiccional de la investigación; en esas circunstancias, cumplido el plazo de seis meses de la etapa preparatoria, fue emitida la conminatoria de 22 de marzo de 2017, notificada a la representante del Ministerio Público, a efectos de que presente su requerimiento conclusivo; transcurridos cinco días desde su notificación, la Fiscal de Materia presentó la salida alternativa de procedimiento abreviado, señalándose audiencia para el 4 de mayo del referido año, misma que fue suspendida para ser celebrada el 10 de igual mes y año, donde de manera inesperada y sin fundamentación alguna, la representante del Ministerio Público, retiró su requerimiento conclusivo y la autoridad jurisdiccional ahora demandada de forma ilegal concedió un nuevo plazo para la presentación de un nuevo requerimiento conclusivo; en el nuevo plazo señalado, fue que la Fiscal de Materia presentó su nuevo requerimiento conclusivo; extremo que fue advertido y denunciado mediante memorial de 17 de mayo de 2017, presentado ante la Jueza cautelar solicitando -en la vía incidental- la extinción de la acción penal; empero, después de once días, mediante proveído de 23 del referido mes y año, la autoridad jurisdiccional ahora demandada rechazó la solicitud, debido a que la etapa preparatoria ya concluyó imposibilitando su pronunciamiento; en conclusión, la Jueza demandada no resolvió el incidente planteado y otorgó un nuevo plazo para admitir el segundo requerimiento conclusivo, violentando así sus derechos y garantías constitucionales.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido
- toda persona que crea estar indebida o ilegalmente
- 3) Que es indebidamente procesada
- Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional
- a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad
- desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo