SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0894/2017-S1
Fecha: 28-Ago-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de julio de 2011; a través de un operativo policial se allanó la casa de Fernando Asbun Gamarra, incautando toda la documentación que se encontraba en la misma, procediendo a su aprehensión, la cual le provocó una deficiencia cardiaca; por lo que, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente; asimismo, en la fecha indicada se llevó a cabo otro operativo donde vivía su hermano Omar Alejandro Asbun Farah, secuestrando todos los documentos correspondientes al ex Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en liquidación, Banco de Crédito Bolivia S.A., Ventura Mall S.A., ordenados por el ex Fiscal departamental de Santa Cruz Isabelino Gomez, en virtud a la denuncia presentada por Abdala Daher, ex socio de su familia en la construcción del Centro Comercial Ventura Mall; asimismo, el 18 de agosto del indicado año, funcionarios policiales aprehendieron también a su hermano, exhibiendo un mandamiento de aprehensión emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz dentro del proceso seguido por Eduardo Lizarazu Palacios y René Saavedra Ribera por la presunta comisión del delito de endoso de un título valor a favor de Joseph Kamel Julien Daher; por otra parte, el 3 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares dentro de otro proceso presentado por el ex FONVIS en liquidación, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, y falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y estafa con agravación de víctimas múltiples, con relación al uso del Poder 199/97 y venta de un terreno de 900 000 m² ubicado en el ex fundo Lipari, registrados a nombre de la entidad querellante, de quienes recibió $us2 000 000.- (dos millones de dolares), quedando un saldo de $us 2 788 000.- (dos millones setecientos ochenta y ocho mil dólares estadounidenses).
Como consecuencia de los dos procesos referidos, Omar Alejandro Asbun Farah; está siendo procesado por más de doce años, cuatro de ellos estuvo con detención preventiva en el Recinto Penitenciario San Pedro y otros dos con detención domiciliaria, siendo extorsionado y torturado, razones por las que su salud se deterioró hasta sufrir diez convulsiones cerebro vasculares en grado epiléptico pérdida de conocimiento y caídas bruscas, sufriendo a causa de ello rotura de cráneo, tabique nasal, dislocamiento de su hombro derecho en cuatro oportunidades, siendo intervenido quirúrgicamente para la implantación de hilos de titanio; también su custodio atento contra su vida, denunciando este hecho y otros contra la ex Viceministra de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción Jessica Paola Saravia Atristain, emitiéndose resolución por la probable comisión de los delitos de uso indebido de influencias y coacción, proceso que fue abandonado por el Ministerio Público.
Estando siendo procesado dos veces por el mismo delito, puesto que en virtud a la Resolución de ratificación de sobreseimiento 091/2006, que establece que no se utilizó el Poder 199/97 para la suscripción del Convenio con el FONVIS de 1 de junio de 2004 y tampoco para la transferencia del terreno, además de existir una nota de 27 de abril de 2017, de los cooperativistas mineros, víctimas dentro del proceso, que dan su conformidad con la transferencia de dicho terreno; por lo que Omar Alejandro Asbun Farah, es la única víctima al no habérsele pagado el saldo restante, que ahora dicha entidad pretende eludir al iniciarle el proceso mencionado; asimismo, es inocente de la acusación que se le hizo por estafa y estelionato, porque no transfirió mediante endoso el mismo título valor constituido por el ex banco BIDESA a Joseph Kamel Julien Daher y posteriormente a René Saavedra Ribera por una deuda otorgada por Eduardo Lizarazu Palacios, existiendo un memorial de desistimiento de este último, en el que refiere que –su hermano– no endosó dicho título.
Ambos procesos se encuentran radicados en el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, donde las autoridades demandadas durante cinco años violaron los derechos de Omar Alejandro Asbun Farah, poniendo en riesgo su vida y la de sus padres, al ser perseguido, torturado y procesado ilegalmente.