SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2017
Fecha: 25-Sep-2017
I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil
En el memorial presentado el 20 de abril de 2017, cursante de fs. 33 a 35 vta., ante el Juzgado Público Civil y Comercial de turno de Corque del departamento de Oruro, Julia Martínez Castillo interpuso acción reivindicatoria de lote de terreno de su propiedad ubicado en la fracción dentro del lote signado 12, sito en “Sayaña Champu Huyo y Cuchi Huta”, con una superficie de 312 m2 contra Edwin Alejandro Rivero y Nelly Morales de Alejandro, alegando ser legitima propietaria de dicho bien inmueble, el mismo que cumple una Función Económica Social (FES); sin embargo, los demandados pretenden adueñarse por la fuerza y sin ninguna razón de una fracción de ese terreno, abusando que es una persona de la tercera edad, habiendo introducido mejoras y realizado construcciones en la referida fracción, sin tener autorización del Gobierno Autónomo Municipal de Corque y menos gozar de derecho propietario alguno.
- I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil
- incompetente
- I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 11
- por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…'; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de 'Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria'
- '…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios
- debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad'. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '
- concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural
- por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.
- 1)
- sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector,
- discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios;
- 2)
- III.2. Análisis del caso concreto