SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2017
Fecha: 25-Sep-2017
I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
Mediante Auto Definitivo 02/2017 de 18 de mayo, cursante de fs. 67 a 68 vta., la Jueza Agroambiental de Corque del departamento de Oruro, declaró su incompetencia para conocer el proceso de reivindicación interpuesto por Julia Martínez Castillo contra Edwin Alejandro Rivero y Nelly Morales de Alejandro, indicando que las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles son competencia tanto de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, dependiendo si el régimen propietario es urbano o rural al que esté sujeto el bien inmueble objeto de la litis. Así la delimitación de la competencia entre ambas jurisdicciones responde a la ubicación del inmueble, por lo que del informe emitido por el profesional de Apoyo Técnico del mencionado Juzgado Agroambiental de 3 de mayo de 2017, Informe 010/2017 de 8 de marzo e Informe 011/2017 de 16 de mayo, emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Corque, se tiene que el predio objeto de consulta se encuentra dentro del radio urbano consolidado, contando con servicios básicos de electricidad, alcantarillado y agua potable, existiendo una vivienda con tres habitaciones, cuyo perímetro se encuentra enmallado, colindando con viviendas construidas y si bien al lado existe un lote de terreno deshabitado en el cual se observa una parcela roturada; empero, todas las características del suelo son recientes, surgiendo que no existe actividad agrícola anterior ni permanente. Asimismo, la “…Ley Municipal 7/2014, Ley Autonómica de Aprobación de Radio Urbano Intensivo y Extensivo de la localidad de Corque…” (sic) no estaría homologada; finalmente concluyo que la propiedad inmueble no está consignada al desarrollo de actividades agrarias, sino más bien el uso del suelo destinado a vivienda con características urbanas, siendo por ello la autoridad competente para conocer el caso la Jueza Publica Mixta e Instrucción Primera de Corque del departamento de Oruro.
- I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil
- incompetente
- I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 11
- por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…'; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de 'Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria'
- '…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios
- debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad'. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '
- concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural
- por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.
- 1)
- sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector,
- discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios;
- 2)
- III.2. Análisis del caso concreto