SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1046/2017-S2

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Montero, mediante Auto de 7 de septiembre de 2016, se declaró incompetente de conocer su caso por razón de materia y dispuso la nulidad de obrados hasta la radicatoria de 22 de julio de 2015, para luego remitir el cuaderno procesal ante la Jueza demandada, donde esta autoridad mediante decreto de 4 de octubre de 2016, señaló audiencia cautelar y de juicio para el 26 del mismo mes y año, misma que le habría sido notificada mediante cédula en un domicilio que hace más de tres años ya no ocupaba, por lo que dicha diligencia resulta ser ilegal, abusiva y arbitraria.

En la fecha indicada se instaló la audiencia y ante su incomparecencia se lo declaró rebelde y se ordenó su aprehensión. Anoticiada su persona de dicha orden, se apersonó mediante memorial de 21 de noviembre del mismo año, y solicitó se deje sin efecto la orden de aprehensión, ya que nunca se le notificó con ningún actuado formal, por lo que no correspondía emitir orden de aprehensión y declararle rebelde, no obstante la Jueza demandada, por decreto de 22 del citado mes y año, señaló: “`En lo principal estese al acta de fojas 292 de fecha 26 de octubre de 2016, al otrosí. «Este a lo principal debiendo el abogado patrocinante revisar el expediente, toda vez que las diligencias se han realizado conforme a ley…´»” (sic), razón por la que acude a este medio de defensa constitucional con la finalidad de que se restablezcan las formalidades legales, ya que su persona se encuentra ilegalmente perseguida e indebidamente procesada.