SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2018-S3
Fecha: 26-Oct-2018
III.3.
Como podrá evidenciarse de los hechos que motivan la acción, se advierte que la parte accionante denunció la transgresión de su derecho a la petición; toda vez que, la empresa CBN S.A., por intermedio de uno de sus representantes no dio respuesta a las solicitudes que hicieron los prenombrados, pidiendo la fijación de precios para la comercialización de sus productos, habida cuenta que, la modalidad de trabajo fue coordinada en mesas de trabajo y quedó pendiente esa definición.
Es imprescindible aclarar que el derecho de petición puede ser activado contra personas, instituciones y grupos sociales privados o particulares, conforme lo estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, puesto que de la respuesta que reciban, depende una situación jurídica respecto a un derecho, como lo es el trabajo; puesto que, la actividad que realizan los peticionantes de tutela está relacionada con el mismo.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- el derecho de petición no es únicamente exigible a funcionarios o autoridades públicas,
- el derecho de petición es oponible ante las entidades privadas en determinados casos
- si bien es cierto, que el ejercicio del derecho de petición no ha sido reglamentado por la legislación boliviana y por lo mismo, no existen reglas claras que regulen el comportamiento de las instituciones o entidades privadas frente al ejercicio de este derecho; empero, conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de la que es signataria Bolivia, los Estados parte asumen el compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; en caso de que los derechos no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte, se comprometen adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de dicha Convención las medidas legislativas o de otro carácter. (…) Con relación al tema, existe jurisprudencia comparada, en la que se ha resuelto el problema, creando algunas sub reglas, así el Tribunal Constitucional de Colombia en su Sentencia T- 730/01, de 5 de julio, destaca lo siguiente: El derecho de petición frente a entidades privadas no ha sido reglamentado por el legislador, no obstante, la Corte ha establecido los parámetros generales para determinar su procedencia, dentro de los lineamientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, distinguiendo tres situaciones
- 1.
- III.2. Sobre el derecho a la petición y los presupuestos generales para su tutela
- En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables
- sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el primer requisito
- al segundo requisito
- al tercer requisito
- III.3.
- REVOCAR