SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2018-S4
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2018-S4

Fecha: 09-Oct-2018

denegó

El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2018 de 26 de julio, cursante de fs. 31 a 33, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Lupe Rocío Zabala Huanca Fiscal de Materia, mediante el investigador asignado al caso José Mollericona Arismendi de la FELCC, dispuso la citación de las denunciadas para el 11 de julio de 2018 y posteriormente para el 19 del mismo mes y año, a objeto de que presten su declaración informativa. Al no hacerse presente pese a su legal notificación, previo informe del mencionado investigador, se emitió orden de aprehensión en contra de Paula Nigañez Aliaga, con el único propósito de que preste su declaración informativa, cumplido el acto la Fiscal dispuso su libertad; ii) El rol que cumple el Ministerio Público en la etapa investigativa es la de dirigir y desarrollar la investigación preservando el respeto y el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales y es coadyuvado por la Policía Nacional; en esta función, la Fiscal de Materia adscrita a la División Patrimoniales de la Fiscalía departamental de La Paz, cumplió con la citación previa para que la accionante se apersone a prestar su declaración informativa y en base al informe de incomparecencia emitido por el investigador asignado al caso, se expidió la orden de aprehensión; y, iii) Se debe tener presente que es el Juez Cautelar la autoridad jurisdiccional encargada y facultada para ejercer el control de la causa y respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado, con respecto a las partes dentro de un caso abierto en etapa preparatoria y es ante esta autoridad que la parte denunciada, imputada, querellante o víctima, debe acudir denunciando la actuación ilegal o lesiva a los derechos y garantías que consideren que han sido vulnerados por el Fiscal o el Funcionario Policial.