Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2018-S3
Fecha: 27-Nov-2018
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La accionante a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, alegando que dentro del proceso penal instaurado en su contra por la comisión del delito de robo agravado, se acogió a procedimiento abreviado en el que fue condenada a tres años y seis meses, por lo que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, conminó en reiteradas oportunidades a las autoridades demandadas notifiquen por edicto a la víctima; sin embargo, no dieron cumplimiento, situación que impide que la Sentencia de 15 de enero de 2016, se ejecutoríe; por lo que, continúa detenida por más de tres años y diez meses; es decir, más del tiempo de su condena.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- concedió
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.
- libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.
- III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
- a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo.
- es deber de toda autoridad sea judicial o administrativa, resolver con la celeridad que el caso amerita, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad, lo contrario constituye restricción y vulneración de ese derecho fundamental”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR