SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0635/2018-S3

Dentro del proceso por homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar, promovido en su contra por Daniela Fernanda Cabrera Menacho, el 13 de julio de 2018, el Juez demandado emitió resolución indicando que debía cancelar la suma de Bs14 300.- (catorce mil trescientos bolivianos), siendo notificado con dicho fallo en la “…zona por el Plan 4000, con un testigo que no se identifica con claridad…” (sic), lugar donde nunca declaró que residía, ya que en varios memoriales señaló que su domicilio procesal se halla ubicado en la calle “Las Totaquis 2211”, segundo anillo, av. Paragua de Santa Cruz de la Sierra.

Por tal motivo, al no haberle notificado conforme señala el art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), se le negó el derecho a la legítima defensa, ya que no pudo ejercer el recurso de apelación contra dicha resolución; por ello, la parte demandante -del proceso ordinario- solicitó el 14 de agosto de 2018 mandamiento de “aprehensión” en su contra, siendo concedido por el Juez de la causa el 28 del mismo mes y año, situación por la cual se encuentra perseguido, hostigado y amenazado por la aludida, al no tener conocimiento de la resolución del juez que dispuso el pago de la suma de dinero que observó, incurriendo en error que seguramente no advirtió por las recargadas labores, debido a que, de la diligencia cursante en el expediente, se acreditó que se le notificó en un domicilio que no señaló su persona.