AUTO CONSTITUCIONAL 0411/2018-CA

Por su parte, la denunciante Isabel Avendaño Barba por memorial de 19 de noviembre de 2018, cursante de fs. 39 a 44, respondió indicando que el alto índice de violencia hacia las mujeres, el incremento de feminicidios, la impunidad de los agresores y las prácticas revictimizantes justifican que la ley declara que la violencia hacia las mujeres debe ser erradicada. La Ley 348 es una norma específica en materia de violencia contra las mujeres; sin embargo, contiene algunas disposiciones que son aplicables independientemente del sexo de la persona, en la medida que se vinculan a la problemática de la violencia de género. Por otro lado, el incidentista demuestra desconocimiento de la citada Ley, pues el señalamiento de aplicar la sanción siempre que no constituya otro delito, se refiere a que: a) Solo en caso de que la agresión no configure otro delito se aplicará la pena de 2 a 4 años; y, b) En caso de que el acto configure a la vez otro delito como por ejemplo lesiones gravísimas o violación deberá imponerse la pena del delito más grave, aplicando el concurso de delitos cuando corresponda. Asimismo, existen hechos que implican restricciones a derechos que requieren de acciones constitucionales, siempre que se hayan agotado otras vías; “…por tanto, es muy explícito y coherente, pero no discrecional, emplear las vías que debe tomar la víctima de violencia” (sic).

Finalmente, indica que la presente acción normativa carece de fundamentación jurídico-constitucional que permita una decisión de fondo, no pudiéndose apreciar una duda razonable en torno a la supuesta inconstitucionalidad del artículo impugnado, al no haberse precisado los motivos y razones por las que se considera que el texto de la norma legal es contrario a los preceptos constitucionales que mencionó en su demanda; tampoco explicó con claridad la relevancia que tendrá el artículo hoy impugnado en la decisión final que se pronuncie.