VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0048/2018

           En el caso concreto, correspondía ingresar al fondo del conflicto de competencias formulado por las autoridades originarias; debido a que, si bien -de acuerdo al Informe remitido a este Tribunal por el Secretario      del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz- el Ministerio Público rechazó las actuaciones policiales, al no haberse aportado con suficientes elementos, para fundar una imputación formal por los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, tentativa de asesinato y amenazas; empero, de acuerdo al Fundamento Jurídico II.3 de este Voto Disidente,    al haberse fundamentado el rechazo de las actuaciones policiales en el inciso 3) del art. 304 del CPP, la causa puede ser reabierta en el plazo de un año, si es que cambian o varían las circunstancias que fundaron el rechazo.

           Consiguientemente, el hecho que exista una Resolución de Rechazo, no debió impedir al Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo; pues, no se trata de una Resolución firme con calidad de cosa juzgada, debido a que -se reitera- la investigación puede ser reabierta, y por ende, resultaba necesario definir, si el caso debía ser conocido por la JIOC o la jurisdicción ordinaria.

           Cabe aclarar, que en la SCP 0048/2018, también se alegó para fundamentar la improcedencia del conflicto, que la Resolución de Rechazo no fue impugnada por la parte denunciante; sin embargo, esto de ninguna manera impide reabrir la causa dentro del año, si es que existen nuevos elementos y tampoco determina que dicha Resolución de Rechazo se encuentre ejecutoriada; pues, por una parte, el art. 287 del CPP establece que el denunciante no será parte en el proceso; y por otra, el Código de Procedimiento Penal no condiciona la reapertura de la causa a la previa impugnación de la Resolución de Rechazo.

A ello, se suma que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico II.2, en los conflictos de competencias, se deben flexibilizar los requisitos formales que impidan un real acceso a la justicia constitucional. En el caso analizado, declarar improcedente el conflicto, con el argumento que existe una Resolución de Rechazo, responde a una visión formalista del derecho, no obstante, que -se reitera- la investigación puede ser reabierta en el plazo de un año. Por otra parte, correspondía ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de otorgar seguridad a las autoridades indígena originario campesinas sobre su competencia para conocer el caso, evitando, en el futuro, similares conflictos.

           Respecto al ámbito de vigencia territorial, los supuestos hechos, que dieron lugar a la formulación de la imputación formal por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, tentativa de asesinato y amenazas, se produjeron en el territorio del Ayllu Ch’alla; es más, están referidos a su territorio, al dominio ancestral y a los recursos del Ayllu, como sostienen las autoridades originarias que formulan el conflicto.

           Finalmente, en cuanto al ámbito de vigencia material, la supuesta comisión de los delitos imputados -como también señalan las autoridades originarias- tienen su origen en hechos vinculados a la tierra, territorio y recursos; es decir, a materias que ancestralmente conocieron y resolvieron como JIOC; consecuentemente, más allá de los tipos penales por los cuales se inició el proceso penal, los hechos que lo originan se encuentran dentro del ámbito de vigencia material de la JIOC.

           Además, se aclara que, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico II.4.2, el ámbito de vigencia material debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las NPIOC; y en sentido contrario, las restricciones establecidas en el art. 10.II de la LDJ a dicho ámbito de vigencia, deben ser interpretadas de manera restrictiva y excepcional, para evitar así, suprimir el ejercicio del derecho a la libre determinación de las NPIOC.