Sentencia Constitucional Plurinacional 0022/2018-S1 de 5 de marzo

La jurisprudencia constitucional, citada precedentemente, ha establecido que la actividad valorativa de las pruebas, es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, y que a través de la acción de libertad no es posible revisar el análisis y los motivos que llevaron a los tribunales ordinarios a otorgar a los medios de prueba determinado valor; dado que ello implicaría revisar la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción ordinaria; sin embargo, excepcionalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional puede ingresar a verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; empero, para que ocurra ello, en cualquier caso se debe demostrar la lógica consecuencia del incumplimiento que ocasionó la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado, lo que se traduce en relevancia constitucional.

Asimismo la referida jurisprudencia señaló que, para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la parte accionante que se considere agraviada con los resultados de la errónea valoración, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; además, debe señalar en qué medida, dicha valoración cuestionada de irrazonable, de inequitativa o que no llegó a practicarse, tiene incidencia en la resolución; es decir, demostrar que la resolución a dictarse hubiera podido ser distinta de haberse valorado correctamente la prueba.