SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2018-S3

En noviembre de 2009 ingresó a prestar sus servicios laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, suscribiendo desde entonces doce contratos a plazo fijo de forma continua y permanente, en ese entendido, en su calidad de Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) del Programa Gestor del Instituto de la Juventud descubrió durante su último contrato un ítem fantasma, situación que denunció ante la máxima autoridad ejecutiva (MAE) de la entidad y la unidad de transparencia, actuaciones por las que fue víctima de hostigamiento laboral de parte de la codemandada y finalmente en un acto de venganza “…se ha procedido a mi desvinculación laboral después del ultimo contrato que fue hasta el 31 de diciembre de 2016…” (sic).

En reclamo de dicha desvinculación acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz denunciando su despido injustificado, demostrando en audiencia las labores propias y permanentes que eran objeto de su trabajo en la institución mencionada, por lo que el 28 de marzo de 2017, se emitió Conminatoria J.D.T.L.P./48-VI-CPE/D.S.0495/EVG/27/2017 de reincorporación a su favor, ordenando su retorno a la entidad edil en el mismo puesto de trabajo más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales.

Sin embargo, pese a que la referida Conminatoria es de cumplimiento obligatorio, las autoridades demandadas no procedieron con su reincorporación, extremo que además fue constatado por informe de verificación de cumplimiento de reincorporación del Inspector de Trabajo, extremos que permiten la activación de la acción de amparo constitucional ante la lesión de derechos ocasionada en su contra, después de permanecer de forma ininterrumpida ejerciendo funciones en la institución antes referida, con contratos sucesivos en actividades propias de la entidad.