SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2018-S2

El 4 de octubre de 2016, logró la regularización de su actividad lícita definida como venta de pollos “Asociación 16 de julio”; en el mes de abril de 2017, pagó la patente anual con certificación legalmente obtenida de la Intendencia Municipal de Quillacollo, cumplió con sus obligaciones tributarias municipales y con el ordenamiento legal de cada día de feria, inclusive, anexó a su actividad comercial la comercialización de quesos, chorizos y huevos. Pero el 28 de septiembre del mismo año, cuando se disponía a realizar sus actividades normales, fue sorprendida por Rolando Bernal –ahora demandado–, funcionario de la Intendencia Municipal, quien la obligó a levantar su puesto de venta, arguyendo que las dirigentes de la “Asociación Virgen de Guadalupe” y “Asociación Albina Patiño”, se oponían a que desarrolle su actividad de venta de pollos, y además que su patente para la comercialización de dicho producto, habría sido modificada por órdenes del Director de la Intendencia Municipal, Yesid Alarcón Vargas, –hoy codemandado–; ante esa decisión, se rehusó a levantar su única fuente de ingresos que tiene para el sustento de su familia; sin embargo, el demandado Rolando Bernal conjuntamente con una docena de gendarmes municipales y bajo las órdenes de las personas particulares hoy demandadas, Marleny Cáceres Córdova y Reina Luisa Salvatierra Vásquez, de forma arbitraria y sin ningún previo proceso, procedieron a llevarse su mercadería (pollos), utensilios, mesas, balanzas, cuchillos de venta y otros.