Sentencia Constitucional Plurinacional: 0087/2018-S2

El 28 de julio de 2017, fueron denunciados supuestamente porque un día antes, en la carretera por inmediaciones del municipio de Santa Rosa del Abuná, le habrían arrebatado a la víctima y denunciante tres bolsas de asaí (fruto silvestre); por ese hecho, la representante del Ministerio Público, el 11 de septiembre de igual año, los imputó formalmente atribuyéndoles la presunta comisión del delito de hurto previsto y sancionado en el art. 326 del Código Penal (CP), que señala: “El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, incurrirá en reclusión de un mes a tres años…” , además requirió la aplicación de la medida extrema de detención preventiva. En audiencia cautelar llevada a cabo el 22 del mismo mes y año, la autoridad jurisdiccional -hoy demandada-, sin considerar que el art. 232 inc. 3) del CPP, que establece la improcedencia de la detención preventiva: “En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años”, mediante Auto Interlocutorio 69/2017 de igual data, en estricta aplicación de los arts. 233.1 y 2; 234.1 y 2; y, 235.2 del citado Código adjetivo penal, ordenó su detención preventiva a cumplir en la Cárcel Modelo de Villa Busch de Pando.

Exponen que debido a la interpretación y decisión errónea de la autoridad jurisdiccional, se encuentran indebidamente procesados y privados de libertad; toda vez que, por el quantum de la pena impuesta en el delito de hurto, no correspondía la procedencia de la detención preventiva, sino la aplicación de medidas sustitutivas; empero, dicha autoridad, actuando de forma contraria al art. 232 inc. 3) del CPP, y la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0495/2016-S3 de 27 de abril y 1426/2016-S3 de 6 de diciembre, ordenó su detención preventiva, por un delito de bagatela, cuyo reproche social es mínimo.