SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2018-S3

Conforme lo glosado precedentemente, se advierte que el accionante a través de su representante, señaló que el 14 de agosto de 2017, se sometió a la aplicación de una terminación anticipada de proceso con una sanción de dos años, para beneficiarse con una medida socioeducativa con restricción de libertad, conforme el art. 268.III y 324.II del CNNA; sin embargo, fue internado en el “...centro para adolescentes con responsabilidad Penal mana...” (sic) de Trinidad del departamento de Beni, extremo dispuesto por Norka Fuentes Aspiazu, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Guayaramerín del mencionado departamento, vulnerando así, sus derechos a la libertad, a permanecer en el núcleo familiar, a la salud, al debido proceso en su elemento de fundamentación y al principio de excepcionalidad a la privación de libertad.

Inicialmente, se debe señalar que el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de aplicación de terminación anticipada de proceso, solicitando la pena de reclusión de dos años para el impetrante de tutela, petición que fue atendida por la citada Jueza, quien mediante Sentencia 15/2017 de 14 de agosto, dispuso la aplicación de la medida prevista en los arts. 322 y 323 con relación al art. 324 del CNNA, y que las medidas socioeducativas se cumplan con restricción de libertad bajo el régimen de internamiento en el señalado Centro (Conclusiones II.2).