SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2018-S2

De la compulsa de los antecedentes y lo establecido en la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; de acuerdo a lo estipulado en el art. 5 inc. qq) del DS 0181 se establece que: ”Servicios de consultoría individual de línea: Son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”; entendiéndose como servicios o trabajos recurrentes a aquellos que la entidad, requiere de manera ininterrumpida para su funcionamiento; contrataciones que deben ser realizadas en el marco de los procedimientos administrativos establecidos en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría; lo contrario acarrearía responsabilidades en la función pública tal como lo establece el art. 7 del referido DS, toda vez que este tipo de contrataciones se encuentran presupuestadas, y ninguna entidad pública puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.

En ese marco, los contratos de consultoría individual de línea referidos en la Conclusión II.3 del presente fallo constitucional, están sujetos al DS 0181, a la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión, entre otras normas; por ende, la relación entre las partes contratantes también está sujeta a las reglas de esas normas y a las establecidas en el propio contrato; por lo que, la ahora accionante, al someterse a esta modalidad de contratación, bajo los principios de libre participación y buena fe, y suscribir los contratos de consultoría individual de línea decidió también someterse a las reglas señaladas. Consecuentemente, se determina que la accionante desde el inicio de su relación contractual conocía que la contratación era bajo la modalidad de consultoría individual de línea y por tanto eventual al tener una fecha cierta y predeterminada de inicio y conclusión de la misma.

Es importante resaltar también, que la relación contractual señalada precedentemente, no ingresa en el ámbito de los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la Ley General del Trabajo y de los derechos y protección que esta otorga, como por ejemplo: Los beneficios sociales, la estabilidad e inamovilidad laboral; tampoco se encuentra en el segmento de los trabajadores de la carrera administrativa, establecida y protegida por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente, pues la o el consultor al no ser un servidor público, ni estar bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, no goza de los beneficios laborales que asiste a cualquiera de los estamentos señalados.

Finalmente, si la accionante considera que existió encubrimiento de la relación laboral por parte del ente contratante para evitar el pago de sus derechos laborales, es pertinente señalar que puede acudir a la jurisdicción laboral ordinaria a esos efectos; toda vez que, es esa instancia la que podrá, con la inmediación, oportunidad y contradicción pertinentes, y mediante la compulsa de pruebas y procedimientos correspondientes, determinar la relación que rigió en la prestación de servicios.