SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2018-S3
Fecha: 29-Jun-2018
concedió
El Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 55/2018 de 10 de febrero, cursante de fs. 12 vta. a 14, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Directora del señalado Centro Penitenciario de forma inmediata y, en el día, ejecute el mandamiento de detención domiciliaria; debiendo recepcionar el mismo, en caso de negativa se dispondrá las sanciones que establece la normativa vigente; sustentando su decisión en base a los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada tenía la obligación de recepcionar el aludido mandamiento, su negativa estaría generando que se encuentre restringido de forma innecesaria; b) El derecho a la libertad no puede estar supeditado a capricho o actitudes discrecionales que vayan en desmedro de la detenida, y al no ejecutar y tramitarse el mencionado mandamiento, la Directora de dicho Centro Penitenciario incurrió en una indebida privación de libertad; y, c) No podía prorrogarse la ejecución del referido mandamiento hasta el 14 del citado mes y año por los feriados, para recién tramitar los derechos de Nayda Grisel Roldan Chambi existiendo un mandato emanado por autoridad competente.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la obligación de los órganos coadyuvantes de la administración de justicia de ejecutar el mandamiento emitido por autoridad competente, con la debida celeridad y prioridad
- por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- buscando asegurar no sólo el acceso a los Tribunales y órganos encargados de administrar justicia, sino también a que éstos se rijan por los principios, entre otros, de legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes, previstos en el art. 180 de la CPE, los que resultan exigibles no sólo a las autoridades judiciales que administran justicia, sino también a los órganos coadyuvantes de ella (Ministerio Público, Policía Nacional, etc.), dado que forman parte de toda la estructura de administración de justicia, pronta y eficaz que debe garantizar el Estado boliviano
- el detenido con la sola presentación del mandamiento sea dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material
- III.2. La detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva
- b) Cuando se pide la cesación de la detención preventiva.
- La detención domiciliaria responde al principio de presunción de inocencia y a la doctrina del derecho penal de última ratio, por cuanto al ser un instrumento jurídico, excepcional y transitorio durante la tramitación del proceso, el imputado no necesariamente debe estar detenido en un recinto penitenciario, sino también en un domicilio propio o ajeno, con vigilancia o sin ella, e inclusive con la posibilidad de poder ausentarse a su fuente laboral; siendo su finalidad la de asegurar su presencia en el proceso y/o juicio y que el mismo se desarrolle con normalidad
- III.3.Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado
- cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos
- III.4.Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR