AUTO CONSTITUCIONAL 0269/2018-CA

Así, por mandato contenido en el art. 27.II inc. c) del CPCo, se tiene que el legislador estableció la causal de rechazo cuando el planteamiento de las acciones o recursos no cumplen con la exigencia ya referida; es decir, quien pretende la apertura de la jurisdicción constitucional, tiene la obligación ineludible de cumplir con una clara exposición de razones y motivos que justifiquen la emisión de una decisión o pronunciamiento por el Tribunal Constitucional Plurinacional y para ese efecto, el recurrente debe demostrar fundadamente las razones fácticas y jurídicas de que su pretensión es posible, mostrando inicialmente que el acto impugnado de nulo puede ser objeto del recurso directo de nulidad; en un segundo momento exponer las razones de índole normativo y fáctico que sustentan la nulidad alegada, que permitan a este Tribunal adquirir el pleno convencimiento respecto a la necesidad de emitir un pronunciamiento sobre un determinado asunto. Estos entendimientos corresponden al AC 0088/2018-CA de 21 de marzo; ahora bien, lo “jurídico-constitucional” implica que la problemática planteada pueda ser dilucidada en el Tribunal Constitucional Plurinacional y tratándose del recurso directo de nulidad, los argumentos deben centrarse en actos invasivos en el ejercicio de las facultades, competencias y jurisdicción que ya fueron definidas por el constituyente y legislador, lo contrario se traduce en una problemática ajena a esta jurisdicción; en ese mismo sentido, se pronunció el AC 0272/2016-CA de 9 de noviembre.

Por lo expuesto, esta jurisdicción constitucional a través de su Comisión de Admisión debe cumplir con la labor de examinar cuidadosa y exhaustivamente la concurrencia de los requisitos de admisibilidad para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional compulse adecuadamente los antecedentes y emita el respectivo fallo ingresando a fondo.