Sentencia Constitucional Plurinacional 0391/2018-S1 de 13 de agosto
Fecha: 13-Ago-2018
II.2.
Cabe aclarar a los fines de una hermenéutica constitucional integral, y dentro del ámbito del acto lesivo identificado, que las solicitudes de devolución de cuaderno procesal que realizó el hoy accionante, no implican que por si mismas tengan efecto directo y automático en la nulidad de la radicatoria pretendida a través de esta acción de defensa y a partir de la cual se estableció el incumplimiento del principio de inmediatez; por ende, y concretamente la solicitud realizada en ese sentido el 9 de agosto de 2017, que mereció decreto de 10 del mismo mes y año, con la determinación de no ha lugar, y posterior Auto 113 de 8 de septiembre del citado año, por el cual se rechazó el recurso de reposición que formuló el prenombrado contra el referido decreto, que implicó una solicitud de enmienda, con su consecuente resolución a través del Auto 123 de 18 de igual mes y año, no constituyen actuados que pudieren per se impeler que esta jurisdicción constitucional realice un cómputo del plazo de inmediatez distinto al asumido precedentemente, estableciendo el mismo a partir de estas actuaciones procesales, toda vez que, -como se tiene ya referido- no devienen en un efecto concomitante a la solicitada nulidad de la radicatoria, por ende, se constituyen en solicitudes inherentes a medios de defensa inidóneos en función a la pretensión constitucional que se encuentra circunscrita precedentemente”.
Este razonamiento estableció que el principio de inmediatez, impidió ingresar al análisis del caso concreto, en razón que el accionante tenía conocimiento del decreto de radicatoria de 11 de junio de 2015, y con referencia a la petición de nulidad del Auto de apertura de juicio oral de 17 de febrero de 2016, no tiene ninguna incidencia respecto a lo resuelto en lo principal, aplicando el referido fundamento.
- REVOCAR en todo
- II.
- II.1. Sobre el principio de inmediatez presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento, que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
- la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa
- Fragmento 5
- II.2.
- III.1. Análisis del caso concreto