Sentencia Constitucional Plurinacional 0444/2018-S1 de 29 de agosto
Fecha: 29-Ago-2018
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, a la igualdad y “al principio de legalidad”; dado que, dentro del proceso penal seguido contra Álvaro Rodrigo Álvarez Rodríguez, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Auto de Vista 001/2018 de 23 de enero, entregaron dicha aeronave en calidad de depositario al padre del imputado, con el argumento erróneo de que nunca se obtuvo una sentencia dentro del citado proceso penal; no obstante de la existencia del Dictamen Pericial IDIF REG GRAL 2615-2014 LP LAB CLIN QUIM 0568-2014, que estableció la existencia de partículas de sustancias controladas en la avioneta CESSNA con matrícula CP 2824.
- REVOCAR en parte
- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
- “’
- La fundamentación del fallo
- derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales
- Fragmento 6
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión,
- la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo
- II.3. De la incautación, decomiso y confiscación de bienes
- La confiscación es la apropiación de un bien, mueble o inmueble, de propiedad privada que hace el Estado sin compensación, contraprestación o resarcimiento de naturaleza alguna. En la legislación boliviana, la confiscación ha sido establecida, por la Ley 1008 como una sanción accesoria a las previstas para los delitos tipificados y sancionados por dicha Ley.
- Si la sentencia no fijare plazo para la ejecución del destino final de los bienes, la Jefatura Distrital responsable, tendrá el plazo de sesenta días para dar efectivo cumplimiento debiendo en todo caso elaborar un informe final al juez y a la Dirección para proceder al archivo de la documentación.
- el régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados; y, regular la pérdida de dominio de bienes ilícitos a favor del Estado.
- I. En los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal se procederá a la confiscación a favor del Estado, de bienes muebles, dineros y valores, que hayan sido instrumento, medio, producto, resultado o utilizados; y de bienes inmuebles que hayan sido producto o resultado de la comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas;
- 6. Los bienes que se constituyan en instrumento, medio, producto o sean de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, correspondientes a persona imputada por delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas que hubiera fallecido en la tramitación del proceso penal.
- I. La acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, es de naturaleza jurisdiccional, especial e independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa.
- V. La muerte del titular, poseedor, tenedor o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes de procedencias ilícitas o vinculadas a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, no extingue la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado”
- II.5. Lo resuelto por la SCP 0684/2018-S1 de 30 de octubre
- II.3. Análisis del caso concreto
- a)