Sentencia Constitucional Plurinacional 0522/2018-S1 de 17 de septiembre
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Sentencia Constitucional Plurinacional 0522/2018-S1 de 17 de septiembre

Fecha: 17-Sep-2018

Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada’”

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada’” (las negrillas son nuestras).

         La jurisprudencia citada precedentemente establece que la economía jurídica en materia laboral, en virtud al derecho a la estabilidad laboral previsto en el art. 46.I.2 de la Constitución Política del Estado (CPE), busca que todo trabajador conserve su fuente de trabajo para su seguridad, tranquilidad y el bienestar íntegro de su familia; por lo que, está prohibido ejecutar toda forma de despido injustificado y acoso laboral contra el trabajador a menos que se compruebe de la existencia de una causa o móvil justificado.

         Asimismo expresa, que ante un despido injustificado o intempestivo por parte del empleador, el afectado tiene derecho de acudir ante la respectiva Jefatura Departamental de Trabajo, la que previo el trámite de rigor y en caso de evidenciar la denuncia debe expedir la conminatoria de reincorporación que es de carácter obligatorio en su cumplimiento al tratarse de una disposición laboral amparada por disposición constitucional, para que el empleador cumpla de forma inmediata, a la cual este último no puede hacer caso omiso.

         Señala además, que la conminatoria de reincorporación, de acuerdo a los alcances del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, no constituye una resolución que defina la situación laboral del trabajador; razón por la cual, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo, interponiendo una acción laboral conforme establece el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT) ante la justicia ordinaria, instancia que en definitiva establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.