SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2018-S2
Fecha: 14-Sep-2018
denegó
El Juez Público de Partido y Sentencia Penal Primero de Caracollo del departamento de Oruro en suplencia legal, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 05/2018 de 20 de junio, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela impetrada, fundando en los siguientes puntos: i) Mediante Sentencia 027/2017 de 13 de septiembre, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, dictó Sentencia condenatoria contra Walter Colque Viza, declarándolo autor de la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años de presidio a cumplir en el Recinto Penitenciario de San Pedro; por consiguiente, no es evidente que el nombrado accionante se encuentre ilegalmente perseguido y menos indebidamente procesado; ii) Solicitada la cesación a la detención preventiva por el imputado, tanto el Juez de la causa como los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia -hoy demandados-, rechazaron y declararon improcedente la apelación interpuesta por el demandante de tutela, respectivamente; debido a que éste demostró tener una fuente laboral a futuro de forma legal; es decir, no enervó el peligro de fuga establecido en el art. 234.1 y 2 del CPP; y, iii) Finalmente tampoco es cierto, que el impetrante de tutela tenga en peligro su vida, se encuentre ilegalmente perseguido o indebidamente procesado, aspecto por el cual, no procede la acción de libertad conforme establece el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II
- Fragmento 10
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- En ese sentido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone…”
- no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
- III.2.
- CONFIRMAR