SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0723/2019-S3

Ahora bien, el art. 74.I de la CPE, es claro cuando determina la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; por lo que, dicha situación jurídica por causas legales, no puede constituirse en el menoscabo de derechos como son la vida, la salud; mismos que, en ese contexto, podrán encontrarse disminuidos en su ejercicio -justamente por estar el privado de libertad en situación de desventaja frente al que no lo está-; pero jamás suprimidos, lo que implica el reconocimiento de estos, estando materializado a las personas en virtud a su condición de seres humanos; en razón a ello, no pueden ser objeto de discriminación alguna al conservar dicha condición y por lo tanto de ciudadanos, quienes gozan del ejercicio de los derechos implícitos en la Norma Suprema, aspecto concordante con los arts. 73.I de esta, al expresar que: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” (las negrillas son añadidas) y 9 de la LEPS que a la letra dice: “La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley…”.

Finalmente, la autoridad demandada, al rechazar la solicitud del impetrante de tutela -para beneficiarse con la detención domiciliaria-, invocando la norma del art. 431 del CPP, no tomó en cuenta que este fue diagnosticado en forma posterior a la ejecución de la pena privativa de libertad y tampoco lo establecido en el art. 196 de LEPS; y menos aún, todas las consideraciones precedentemente realizadas; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela impetrada.