SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0723/2019-S3

Sobre el tema, si bien el citado informe no constituye documento médico forense, la SCP 0122/2015-S3 de 10 de febrero, reiterando el contenido de la SC 1543/2013 de 10 de septiembre, expresó, «…la apreciación lógica y razonada que realiza de manera autónoma la autoridad judicial sobre los medios probatorios, para luego otorgar el valor que le corresponde a cada uno de ellos. Al respecto, el art. 173 del CPP, prescribe: “ (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida'; consiguientemente, el cumplimiento de esta labor no implica la mera enunciación o enumeración de los mismos, sino que, debe contener una evaluación clara y precisa, señalando la manera cómo fueron examinados y por qué merecieron un determinado valor; además, la evaluación integral -propia del principio de la libertad probatoria-, implica que, en el sistema procesal penal vigente se prohíbe la tarifa probatoria o prueba tasada; es decir, que un hecho tenga que ser probado a través de un mecanismo expresamente señalado en la ley o con una determinada prueba con carácter exclusivo y excluyente, de ahí que se exige una valoración conjunta, armónica y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, por lo que, una sola prueba no puede fundar por sí misma y de manera aislada o autónoma una decisión, sino que, debe existir una interdependencia con las otras pruebas, de manera que el argumento o los análisis relativos a la valoración de la prueba formen una cadena ininterrumpida de todo el cúmulo probatorio, lo contrario implica la vulneración del debido proceso, por incumplimiento de la razonable valoración de las pruebas”» (las negrillas nos corresponden).

En el caso de autos, es claro que el impetrante de tutela se encuentra con un cuadro alarmante de salud, que recae inevitablemente en su estado anímico y psicológico, aspectos que sin duda alguna repercuten en su derecho a la vida; entendido, de acuerdo a la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, como el bien jurídico más importante de todos los que consagra el orden constitucional, al ser un derecho primigenio para el ejercicio de todos los demás, vinculado profundamente con la dignidad de la persona.