SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0963/2019-S1

Al respecto, el art. 125 de la CPE, establece que ésta acción tutelar, en aras de precautelar la vida, solicite interrumpir la persecución ilegal, procesamiento indebido o la privación de la libertad personal; sin embargo, ésta medida tutelar no puede activarse dentro de un proceso penal en curso o bien, el procesado contando con una autoridad que ejerce el control jurisdiccional, pretenda activar esta vía para reclamar aspectos inherentes al debido proceso.

Sobre esta delimitación de posibilidad de activación de la acción de libertad, la SCP 0999/2017-S1 de 11 de septiembre, aplicando la norma procesal sobre el control jurisdiccional, dentro del proceso penal y recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisdicción constitucional al respecto estableció que: “El art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal. Asimismo, el art. 279 del mismo Código establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional y que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su probidad.

Este Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional estableció: ‘…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa’ así lo entendió la SC 0054/2010-R de 27 de abril.