AUTO CONSTITUCIONAL 0290/2019-CA

En el análisis del caso concreto, la pretensión del accionante carece       de fundamentación jurídico-constitucional; toda vez que, acusa de inconstitucional el art. 12.12 de la LRDPB, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III, 115, 116 y 117 de la CPE; 7 y 10 de la DUDH; 14.3 del PIDCP; y, 8 de la CADH; sin embargo, omite cumplir con la carga argumentativa que respalde dicha solicitud, dado que, sus fundamentos están dirigidos a denunciar las presuntas vulneraciones de sus derechos a la defensa, al debido proceso, al trabajo y otros colaterales, así como al valor justicia social “para vivir bien”, que se habrían producido dentro del proceso disciplinario del que fue objeto, haciendo hincapié en que la Fiscalía Policial lo acusó sin que exista prueba documental, testifical u otra, que acredite la conducta descrita en la norma impugnada y que realizó solo un acopio de documentos, derivando en la decisión del Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, sin considerar las pruebas de descargo y sin darle el tiempo suficiente para asumir y preparar su defensa. En tal sentido, se evidencia que los argumentos del accionante corresponden a otro tipo de acciones en este caso tutelares, olvidando que la acción de inconstitucionalidad concreta, tiene como finalidad precisamente el control de las disposiciones infra constitucionales, para lo cual es imprescindible que el impetrante realice el contraste de los artículos objetados con los preceptos constitucionales que considera son afrentados, es decir, exponer de manera fundada, clara y precisa su pretensión, explicando en qué medida el contenido normativo demandado de inconstitucional infringe las normas constitucionales, lo que además supone identificar, si el texto normativo impugnado admite una o más interpretaciones, precisando en qué medida ellas son incompatibles con la Ley Fundamental, labor que no se advierte en el presente caso.