SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1042/2019-S4
Fecha: 04-Dic-2019
I.2.2. Informe de la funcionaria pública
Rosemary Conde Murillo, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero en suplencia legal de su similar Quinto de El Alto del referido departamento, a través de informe escrito cursante de fs. 24 a 25, manifestó que la suplencia dispuesta le ha generado excesivo trabajo, puesto que el Juzgado donde es titular no cuenta con auxiliar II, razón por la que también cumple con las notificaciones; el 8 de mayo de 2019, asistió a consulta médica en horas de la mañana por problemas de “nervios”, retornó a medio día a su fuente laboral donde se llevaba adelante una audiencia conclusiva que terminó a las 14:15 posteriormente convocó a otra audiencia que se instaló con retraso, una vez prestado el correspondiente informe se constituyó ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; empero, la audiencia había sido suspendida; arguye que su persona no puede encontrarse en dos lugares al mismo tiempo, debido a que ese día hubieron más de quince audiencias en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, siendo su deber informar sobre el cumplimiento de las formalidades; por otro lado refirió, que no es posible considerar que por su ausencia –que se encuentra justificada– se haya suspendido la audiencia de modificación de medidas cautelares, puesto que teniendo en cuenta la “SCP 1164/2017”, entre las causas de suspensión no se encuentra la ausencia de la secretaria; asimismo, hizo mención a la SCP 0009/2015-S1 de 29 de enero, que se encuentra referida a la legitimación pasiva, finalizó solicitando se deniegue la tutela impetrada, al no existir conculcación ni limitación de derechos y garantías constitucionales.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de la funcionaria pública
- concedió
- I.3.Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
- A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo.
- En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ.
- si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional,
- Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido
- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional
- el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción
- procede la acción de libertad -bajo la
- III.3. Análisis en el caso concreto
- III.4. Otras consideraciones
- CONFIRMAR