SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1097/2019-S2

En ese orden, de las conclusiones arribadas y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a su derecho a la inviolabilidad de domicilio, que implica que nadie puede introducirse o ingresar en él sin el consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la Constitución Política del Estado y la ley -SC 1420/2004-R de 6 de septiembre-; se cumple con los presupuestos procesales referido a la carga de prueba tendiente a acreditar de manera objetiva; por un lado, la ocupación y por otro, las medidas y vías de hecho que exige la jurisprudencia constitucional, a fin de tutelar de manera directa e inmediata el derecho sustantivo alegado como conculcado, a través de medidas de hecho.

En tal sentido, se debe precisar inicialmente que la impetrante de tutela apeló a su condición de poseedora actual y material de una habitación del inmueble ubicado en la calle 2, número 1133, manzana A-2, urbanización Villa Santiago II de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, en el que se ejercieron medidas o vías de hecho para demandar la tutela a su derecho a la inviolabilidad de domicilio; aspecto para el que, es menester señalar que no se exige acreditar el derecho propietario.  

Condición posesoria que además se encuentra acreditada de manera indubitable por la aseveración de las personas demandadas, en la que si bien hacen alusión a su derecho propietario sobre el mismo, de los alegatos referidos en su intervención en audiencia, dan certeza también de la ocupación de la accionante en dicha vivienda.

Con referencia al otro presupuesto procesal orientado a acreditar el ejercicio de medidas o vías de hecho, se tiene el testimonio de Joel Boris Navarro Rivera -en representación legal de Betty Yesica Soliz Mariaca-, que señala: “…el día de los hechos las señora Betty Yesica Soliz Mariaca me llama para que yo sea testigo de una supuesta reunión que ellos [refiriéndose a las personas demandadas] tenían con el pretexto de que supuestamente deberían debían dineros (…) mi mandante conjuntamente con su hermana Érika Jerusalén Soliz Mariaca se encontraban resguardadas supuestamente por la familia más aún que estaba presente una abogada la tía de la accionante la señora Salvatierra la cual conjuntamente con los ahora accionados y todos los presentes acá excepto el señor que está aquí parado procedieron a insultar, a amenazar, a amedrentar y coaccionar a mi mandante para que ella firme documentos (…) una vez que no mi mandante y su hermana no quisieron firmar ese documento ellos quisieron hacer firmar así a la fuerza proceden a amenazar y a botarles indicando de que no van a entrar a ese domicilio sino cancelan el dinero…” (sic), aseveraciones que no fueron desvirtuadas ni rebatidas por la defensa técnica de la parte demandada (fs. 88 y vta.); es más, constituyen un elemento de prueba corroborado por las propias declaraciones de su defensa técnica que manifiesta en su intervención en audiencia que: “ …al querer distraer los hechos controvertidos que existen dentro de la familia, y en este caso son hechos de dinero y en el otro en el que el cuñado de señora Betty, el señor Maycol Orellana Torrico tiene una denuncia penal de violación contra sus hermanas (…) por esta razón que viene en la susceptibilidad de la familia y ellos el resguardo de la integridad de todos los que conviven en el domicilio intentan hacer el cambio de la chapa, para resguardar su integridad física precisamente por las denuncias que existe contra su cuñado…” (sic [fs. 87 y vta.]); tampoco las fotografías presentadas por los demandados en calidad de prueba para acreditar el presunto retiro voluntario de la accionante y desmentir el hostigamiento ejercido contra esta última; constituyen un medio de prueba suficiente para desacreditar las medidas o vías de hecho, asumidas conjuntamente con otras personas en el inmueble donde se encuentra su vivienda (Conclusión II.1); por cuanto, no existe otro elemento probatorio que acredite tal afirmación.

Por lo que, aludir problemas financieros, deudas pendientes o la existencia de un proceso penal que no vincularía directamente a la peticionante de tutela, no constituyen justificativos para asumir acciones de hecho, sin respetar los cánones institucionales y legales; aspectos por los que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se concede la tutela provisional a la accionante de su derecho a la inviolabilidad al domicilio, vinculado a su derecho a una vivienda digna; puesto que, se cumplieron con todos los presupuestos procesales desarrollados en la jurisprudencia constitucional para ingresar a considerar la denuncia por medidas de hecho a través de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada; resaltando el carácter provisionalidad de la misma, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o no la ilegalidad de su ocupación.