SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2019-S3
Fecha: 11-Abr-2019
denegó
La Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución SC1-SC 06/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 225 a 232, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) El accionante no expresó el fundamento jurídico que demuestre su afirmación, limitándose a señalar que la Resolución pronunciada por las autoridades demandadas vulneran su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad e irretroactividad de la ley penal, sin establecer de manera precisa la relación de vinculación entre la actividad interpretativa desarrollada respecto a una norma infraconstitucional con los derechos supuestamente lesionados; y, ii) La interpretación de la legalidad ordinaria es facultad que corresponde a los jueces y tribunales ordinarios que conocen el proceso principal, la jurisdicción constitucional no puede sustituir esa labor.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 11
- procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales
- la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela
- De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR