SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2019-S1

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) “SE ORDENE A LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH, LA INMEDIATA DEVOLUCIÓN DEL MOTORIZADO” (sic); b) se exhorte “AL RESPONSABLE DE BIENES DE YPFB,, PARA QUE DEVUELVA EL MOTORIZADO CORRESPONDIENTE” (sic); c) “SE DISPONGA AL FISCAL DE MATERIA ESPECIALIZADO EN FRONTERAS, REQUEIRA LA INMEDIATA DEVOLUCIÓN DEL MOTORIZADO” (sic); y, d) “SE SIRVA DISPONER LA CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, HABIDA CUENTA QUE PRODUCTO DE LA RETENCIÓN Y/O SECUESTRO ILEGAL, SE ME HA PRIVADO DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA PROPIEDAD PRIVADA, INJUSTA E ILEGALMENTE” (sic).

De lo manifestado en esta acción tutelar, la problemática identificada converge en tres temáticas: a) La incertidumbre e indefensión de la que fue objeto el accionante por cuanto a tiempo del operativo en el que su vehículo fue secuestrado por funcionarios de la ANH, no se le hizo entrega al conductor de ningún documento en el que conste el inventario circunstanciado de los hechos, vulnerando el debido proceso; b) Que los funcionarios de la ANH no cumplieron con su obligación de dar parte de lo acontecido al Ministerio Publico, habiendo sido informado por el Fiscal de Materia codemandado sobre la inexistencia de denuncia; y, c) La falta de respuesta por el responsable de la ANH, sobre su solicitud de información y devolución de su vehículo, aspectos que demuestran la imposibilidad de acudir ante la autoridad competente a efectos de realizar sus reclamos y en definitiva recuperar su principal herramienta de trabajo, de la que fue privado indebidamente.

A fin de dilucidar las problemáticas señaladas, corresponde en principio determinar si en la presente causa la subsidiariedad fue observada como elemento característico de esta acción tutelar, ya que, de lo manifestado por el impetrante de tutela respecto a su principal pretensión, que es la recuperación de su vehículo, sostuvo que por las circunstancias que denuncia, se encuentra imposibilitado de acudir ante la autoridad competente a objeto de realizar su reclamo.

En ese entendido, el peticionante de tutela denunció que habiendo acudido ante el Fiscal de Materia éste le informó que no existía denuncia alguna en relación al operativo realizado por la ANH; por lo que, a partir de ello sostiene la inexistencia de apertura de proceso penal y el incumplimiento por parte de los funcionarios de dicha entidad estatal de dar parte de lo suscitado ante el representante del Ministerio Público, lo que se constituye en la segunda problemática del objeto procesal ahora identificado.

Al respecto, de los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar se advierte que en efecto el accionante, el 18 de junio de 2018, acudió ante el Fiscal de Materia hoy codemandado, solicitando la inmediata devolución de su vehículo, habiendo sido respondido su memorial a través del decreto de la misma fecha en el que se le hizo conocer que no había denuncia alguna o inicio de investigación en relación al supuesto operativo realizado por la ANH (Conclusión II.1).

Posteriormente, y ante esta respuesta se observa que el impetrante de tutela el 19 de junio de 2018, se apersonó ante la ANH, solicitando de igual forma la devolución de su vehículo (Conclusión II.2), memorial a partir del cual el precitado denuncia la vulneración de su derecho de petición pues a decir de su parte, dicha entidad estatal no dio respuesta al mismo, encontrándose por esta situación en la imposibilidad de acudir ante la autoridad competente a fin de realizar sus reclamos y finalmente recuperar su principal herramienta de trabajo del que fue privada indebidamente, lo que da cuenta del tercer planteamiento del objeto procesal.

De lo mencionado, se advierte que ambos puntos se encuentran directamente relacionados, pues en definitiva el peticionante de tutela a fin de sustentar el cumplimiento del principio de subsidiariedad sostuvo que se encontraba imposibilitado de acudir ante una autoridad competente, dada la falta de contestación a su memorial por parte de la ANH.

Relacionados como se encuentran ambos puntos, corresponde dilucidar en principio si en efecto el accionante no obtuvo respuesta alguna sobre su solicitud de información y devolución de su vehículo por parte de la ANH y por ende que no tuvo conocimiento de lo suscitado en su caso, ignorando el procedimiento efectuado dentro el mismo, sobre este punto consta en actuados la nota ANH 13404 DOIH 0126/2018 de 13 de julio, recibida el 27 de julio de 2018 -que no fue negado por la parte impetrante de tutela- por el cual el Director Ejecutivo a.i. de la ANH demandado, explicó al peticionante de tutela lo siguiente: “De acuerdo al tenor de su memorial sobre el vehículo marca Toyota color blanco con placa de circulación 1327-HND, conforme el Código de Procedimiento Penal Vigente, en su Art. 189, indica que la devolución del vehículo secuestrado corresponde al Sr. Fiscal, sin embargo en conformidad al Art. 2 (FACULTAD DE SECUESTRO) del DS. N° 29788, la ANH al percatarse de un ilícito de hidrocarburos procede a secuestrar el vehículo en cuestión y poner en conocimiento del Sr. Representante del Ministerio Público - Fiscal de Frontera, en conformidad al Art. 230 del Código de Procedimiento Penal, por el delito de ALMACENAJE, COMERCIALIZACIÓN Y COMPRA ILEGAL DE DIESEL OIL, GASOLINAS Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO, tipificado en el Art. 20 de la Ley N° 100.- que incluye el Art. 226 Bis. del Código Penal Boliviano, siendo depositado el mismo en Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Senkata, en cumplimiento a normativa legal vigente precitada y al momento se encuentra en la etapa Preparatoria por lo que esta institución no puede emitir criterio toda vez que se encuentra ante autoridad fiscal competente” (sic [Conclusión II.4]).

De lo precisado, se puede concluir en primer término, que la denuncia realizada por el accionante respecto a la vulneración de su derecho de petición sostenida en la falta de respuesta por parte de la ANH a su memorial de solicitud de información y devolución de vehículo, no resulta evidente pues como se advierte el impetrante de tutela contó con la respuesta respectiva, siendo esta recibida el 27 de julio de 2018, lo cual no fue negada en audiencia por la parte peticionante de tutela, correspondiendo ante tal innegable evidencia denegar la tutela solicitada, respecto a la referida denuncia.

A partir de lo establecido; toda vez que, se determinó la existencia de respuesta por parte del Director Ejecutivo a.i. de la ANH ahora demandado, puede señalarse que al 27 de julio de 2018, antes de la presentación de esta acción tutelar -7 de agosto de igual año-, el accionante ya tenía pleno conocimiento que su caso fue remitido ante la autoridad fiscal correspondiente para la respectiva investigación; sin embargo, activó la presente acción constitucional en base a un argumento falso refiriendo el cumplimiento del principio de subsidiariedad, sin considerar que a partir de la respuesta ofrecida el mencionado tenía plena certeza de lo suscitado en su caso pudiendo al efecto acudir ante la señalada autoridad fiscal a efectos de realizar las solicitudes que considere pertinentes.

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que conforme consta en actuados, el Fiscal de Materia ahora codemandado, mediante memorial presentado el 2 de julio de 2018 puso en conocimiento del Juez Mixto Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guaqui del departamento de La Paz, el inicio de la investigación preliminar respecto al delito de almacenaje, comercialización, compra ilegal de diésel oíl, gasolina y GLP acontecido en la Estación de Servicio Desaguadero de esa localidad, identificado bajo el caso LP-AGM-02/2018, autoridad judicial que por decreto de la misma fecha tuvo presente el indicado caso a efectos de su control jurisdiccional de conformidad a lo establecido en el art. 51.1 del CPP (Conclusión II.3).

A partir de lo cual se advierte que en el presente caso, la autoridad llamada por ley para desarrollar el control jurisdiccional de la investigación se encuentra plenamente identificada pudiendo el impetrante de tutela acudir ante la misma a objeto del resguardo y protección oportuna de sus derechos, siendo la referida autoridad judicial la competente para dilucidar todos los aspectos  referidos dentro de esta acción tutelar, concernientes al supuesto arresto ilegal del conductor de su vehículo, el supuesto ilícito secuestro de su movilidad, la falta de entrega de documento idóneo en el que conste el inventario circunstanciado de lo sucedido e incluso el supuesto incumplimiento de la normativa vigente respecto a la falta del inmediato conocimiento por parte de los funcionarios de la ANH, ante el Ministerio Publico de lo acontecido en el caso; así como, la observancia del plazo en cuanto a la obligación de la fiscalía de poner a conocimiento de la autoridad judicial el inicio de las investigaciones, cuestiones de fondo que merecen ser puestas a consideración de la señalada autoridad a fin de su resolución y en su caso de la protección oportuna de los derechos denunciados como vulnerados.

Sobre este aspecto, el peticionante de tutela, contradictoriamente a su argumento de que cumplió el principio de subsidiariedad, sostuvo que en el caso se observe la excepción a dicho principio, desglosando para ello jurisprudencia constitucional concerniente al daño o perjuicio irremediable, para luego simplemente añadir que en su caso se aplique la mencionada excepción, sin sostener mayor análisis ni argumento que demuestre la posibilidad de que en su caso el entendimiento jurisprudencial utilizado pueda ser aplicado; por lo que, a partir de esa ausencia argumentativa, no corresponde considerar tal planteamiento. En ese entendido, teniendo presente la inobservancia del principio de subsidiariedad característico de la acción de amparo constitucional, sin ingresar al fondo de la mencionada problemática, se deniega de la tutela solicitada.