SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0288/2019-S2
Fecha: 24-May-2019
i)
Juan Carlos Flores Valverde y Alizon Karina Ledezma de Flores, en su condición de terceros interesados, en audiencia por intermedio de su abogado, manifestaron lo siguiente: i) La interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, es atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; y, para que la jurisdicción constitucional pueda abrir su competencia e ingresar a considerar este tema, existen ciertos presupuestos que el accionante debe cumplir; es decir, tiene que explicar de manera concisa y clara, por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficiente; debe precisar los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados e identificar las supuestas pruebas no valoradas; presupuestos que no fueron cumplidos por la empresa impetrante de tutela; y, ii) En ninguno de los formularios de entrega de carne y menudo presentados por la parte accionante, existe firma que acredite que recibieron los mismos o que demuestre que hay una convención pactada, menos existe una relación de deuda, correspondiendo el peritaje a un auditor que pertenece a dicha empresa; razón por la que, no tiene valor como prueba; por todo lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 12
- III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
- III.2. Sobre
- A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”
- III.3. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
- 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.
- III.4. Análisis del caso concreto
- (2)
- (3)
- CONFIRMAR