SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0288/2019-S2

En la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, pago de deuda, daños y perjuicios, presentada por su parte; tramitada en juicio oral y público, se declaró improbada la excepción de prescripción opuesta por los demandados Juan Carlos Flores Valverde y Alizon Karina Ledezma de Flores; emitiéndose la Sentencia 137/2016 de 18 de agosto, declarando probada la demanda, misma que fue confirmada mediante Auto de Vista 610 de 5 de “noviembre” de 2016 -lo correcto es diciembre-, Resolución de segunda instancia que fue impugnada vía recurso de casación, resuelto a través del Auto Supremo 359/2018 de 7 de mayo, que lo declaró infundado en la forma; y, en el fondo determinó casar el Auto de Vista impugnado; y, deliberando en el fondo declaró improbada la demanda, con el fundamento de que la parte actora habría creado arbitrariamente prueba documental y pericial; que la testifical no es idónea para probar la existencia de obligaciones entre las partes; y, que en ninguno de los documentos y pruebas de cargo aportados, aparecen las firmas de los demandados; por lo tanto, no habría contrato entre partes y por consiguiente no hay obligación de pago, Auto Supremo que consideró ilegal.

El indicado Auto Supremo lesionó los derechos de la empresa a la que representa; toda vez que, omitió realizar una valoración pormenorizada de las pruebas documentales, consistentes en libros, kardex, extractos de sistema, boletas de entrega, órdenes de derribe y documentos contables que utiliza la empresa para su relacionamiento con todos los clientes del comercio de carne; asimismo, al señalar que todas las pruebas fueron creadas unilateralmente por “COFRICO S.A.”, no tomaron en cuenta que los documentos comerciales aportados en el proceso, existen desde el momento de la entrega del producto a los demandados; razón por la cual, el fallo fue emitido desconociendo los principios del Código de Comercio, como el de prueba entre comerciantes.

De igual forma el indicado Auto Supremo, efectuó una ilegal interpretación del   art. 1328 del Código Civil (CC), al afirmar que la prueba testifical no es admisible para acreditar la existencia de una obligación pecuniaria; pues, no consideraron que lo que se pretendía probar con los testigos era la relación comercial y los pormenores de los actos de comercio; ya que los números y su contabilidad se la realizó con datos y pruebas preconstituidas.

Interpretaron erróneamente los arts. 1329 y 1330 del CC, porque existe más de un indicio que demuestra la existencia de la relación comercial, como la documentación contable y la prueba pericial que analizó los documentos comerciales, misma que no habría sido valorada por las autoridades demandadas, quienes basaron su Resolución en la inexistencia de un contrato escrito, cuando la norma comercial-civil prevé también los contratos verbales.

Añadió que, el Auto Supremo cuestionado no contiene una adecuada fundamentación ni motivación; es más, las autoridades demandadas utilizaron otros argumentos para sustentar su fallo, no explicaron las razones y valor de las pruebas, desconocieron los documentos comerciales de la empresa, no tomaron en cuenta los elementos y las pretensiones que se demandaron ante el Juez de primera instancia, tampoco los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la Sentencia emitida por este, ni los argumentos del recurso de apelación y los fundamentos del Auto de Vista; por lo que, con el Auto Supremo emitido, se lesionó su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación.