SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2019-S2

Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas nos pertenecen).

De acuerdo con las líneas jurisprudenciales citadas, la autoridad jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes de audiencia de cesación de la detención preventiva, o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la Resolución de los mismos, incurrirá en la vulneración de estos, toda vez que, la administración de justicia debe ser pronta, eficaz y efectiva.