SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2019-S1
Fecha: 10-Jun-2019
i)
El accionante denuncia que se lesionaron sus derechos a la salud, al debido proceso y al principio de “celeridad”, debido a que: i) Jorge Orlando Solíz, Secretario Abogado del Juzgado Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, incumplió la orden de 16 de noviembre de 2018 emitida por la Jueza del citado Juzgado, quien dispuso se remitan obrados en el día ante el Juez de Ejecución Penal de turno, habiendo recién enviado el mismo el 29 de igual mes y año, vale decir después de trece días sin que hasta la fecha se hubiese radicado la causa en dicho Juzgado a objeto de que pueda solicitar un beneficio procesal penitenciario; y, ii) Habiéndose apersonado al Juzgado de Ejecución Penal de El Alto el 1 de diciembre del señalado año, su personal se rehusó a recibir su memorial de solicitud de salida médica.
De los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional y que se encuentran descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal instaurado en contra del impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, por Resolución 171/2018 de 20 de agosto de 2018, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental e improcedente las cuestiones planteadas en su memorial de solicitud de suspensión condicional de la pena; por lo que, confirmó la Resolución 321/2017 de 27 de octubre (Conclusión II.1), ante ello, solicitó a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la ciudad de El Alto la remisión de obrados al Juzgado de Ejecución Penal de la misma ciudad; toda vez que, la Sentencia se encontraba plenamente ejecutoriada (Conclusión II.2); razón por la cual, en cumplimiento a la referida Sentencia 35/2017 del citado Juzgado, remitió al Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de El Alto fotocopias legalizadas del proceso penal del ahora accionante (Conclusión II.3); así mismo, en cumplimiento a la Circular 17/2018-S.P.-TDJLP la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto remitió obrados originales a su similar Tercero (Conclusión II.4). En tal sentido mediante informe de 7 de diciembre de 2018, el Secretario Abogado codemandado, refiere que, de la revisión del libro de remisiones, los obrados se remitieron al Juzgado de Ejecución Penal el jueves 29 de noviembre del mismo año a horas 18:30; asimismo, existiendo otros sentenciados dentro del proceso, se remitió el cuaderno original al Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la ciudad de El Alto (Conclusión II.5.).
- acción de libertad
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- a)
- “`Respecto a las lesiones al debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme al señalar que la protección que brinda el habeas corpus, ahora acción de libertad no comprende todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción o supresión,
- las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley,
- para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…´”
- en el caso de la acción de libertad, al ampliarse su ámbito de protección al derecho a la vida y extender su tutela también a los actos provenientes de particulares”
- el art. 125 de la CPE, superó la denominación de ‘hábeas corpus’, prevista anteriormente por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada CPE abrg, e instituyó la de ‘acción de libertad’, configurándola como una garantía esencial que, además de la libertad, resguarda el derecho a la vida como bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano…”
- la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
- será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”
- teniendo presente que el derecho a la salud es consustancial en ocasiones al derecho a la vida; corresponderá tutelarse cuando se advierta que a consecuencia del deterioro a la salud una persona, ésta se encuentra confrontando un grave riesgo para su vida, lo que, en su caso, exigirá de parte del Estado, la adopción de medidas apropiadas que contribuyan a garantizar el cuidado y atención oportuna a la salud de las personas privadas de libertad
- Así como es cierto que la privación de libertad de una persona puede darse por causas y circunstancias diferentes; así también es diversa la individualidad de las personas, su estado de salud que o la realidad concreta en la que en cada caso se presenta.
- Fragmento 19
- pueden resolver una acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus- sólo con la prueba aportada por el accionante, o dadas las particularidades del caso, a su sola denuncia, es decir, sin ningún tipo de prueba documental. En este sentido dicha situación se opera cuando la autoridad o persona demandada de acción de libertad pese a su legal notificación con la acción de libertad no comparece a la audiencia, ni remite el informe de ley negando o desvirtuando las denuncias del accionante, generando así en el juez o tribunal de garantías duda razonable sobre la veracidad de los hechos que desemboca en la concesión de la tutela en virtud al principio pro homine.
- cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos».
- Fragmento 22
- i)
- primera problemática
- segunda problemática
- III.5. Otras consideraciones
- REVOCAR en parte