ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0610/2019-S2

             Al respecto la SCP 0281/2013-L de  2 de mayo, tomando como referencia a la SC 0351/2003-R de 24 de marzo, respecto a los contratos de consultoría de línea sostuvo que: “...a tiempo de definir a los contratos de prestación de servicios profesionales -refiriéndose al trabajo de los consultores en línea-, asumió el siguiente entendimiento: ‘Que, el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los arts. 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de acuerdo con su especialidad y cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribe’” (las negrillas son nuestras).

           En ese orden, la jurisprudencia constitucional estableció que el régimen de consultoría de línea, no se encuentra amparado en el rango de protección de la Ley General del Trabajo ni del Estatuto del Funcionario Público, sino que se tiene un tratamiento especial y diferente, siendo que el trabajador consultor no es un empleado por su naturaleza y tampoco un servidor público (SC 0605/2004-R de 22 de abril).