SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2019-S3
Fecha: 05-Jul-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y otro, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y parricidio fue imputado el 28 de diciembre de 2018, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares el 30 del mismo mes y año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, instancia que por resolución dispuso su detención preventiva, por concurrir lo previsto en los arts. 233.1 referido a la probabilidad de autoría y participación, y 234.1 peligro de fuga, por no haber acreditado la existencia de domicilio y ocupación, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo determinó que se encontraba latente el riesgo establecido en el art. 234.10 de la misma norma, mencionando que si bien no tenía antecedentes, no podía dejarse de lado el hecho investigado; puesto que, con la conducta asumida, habría atentado contra el bien jurídico más preciado cual es la vida de las víctimas; además, la forma de consumación del hecho, hace que se constituya en un peligro para la sociedad; finalmente, por peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del Código Penal Adjetivo; apelada la misma dio lugar al Auto de Vista de 25 de enero de 2019, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, que concedió en parte respecto a la ocupación y dejó vigente los demás peligros procesales.
Con dicho antecedente solicitó la cesación de su detención preventiva, llevándose a cabo la audiencia el 8 de marzo de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, instancia que rechazó su pedido; por lo que, apeló la misma radicando en la Sala Penal Primera del señalado Tribunal, que ratificó dicha decisión; posteriormente, volvió a reiterar su pretensión, la cual residió ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del referido departamento, que en audiencia de 16 de octubre de 2018, concedió la misma y le impuso medidas sustitutivas; decisión apelada por el Ministerio Público y la parte contraria, remitido a conocimiento de la Sala Penal Tercera del aludido Tribunal, el 14 de diciembre de 2018, esta declaró probada la apelación de ambas partes, con argumentos y razonamientos ilógicos y sin una debida fundamentación.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- señaló que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’
- no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las 10 circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
- 'La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria
- jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba
- facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios
- dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material
- III.3. Análisis del caso concreto
- eso nos hace ver que el tribunal a quo no está respondiendo a lo que habría analizado el ad quen es decir la Sala Penal Primera, por esta razón existiendo al respecto observación (…) al no cumplimiento a dicha resolución o Auto de Vista considera este Tribunal que no se encuentra por acreditado el domicilio, en forma textual deben estar presentes los seis co-propietarios sea a través de sus declaraciones o sea a través de un documento
- CONFIRMAR