SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2019-S4

El 2 de abril de 2018, ingresó a trabajar a la CPS de Cochabamba, habiendo desempeñado sus funciones hasta el 28 de junio del mismo año, conforme al Memorándum de 2 de mayo de dicho año; posteriormente, en julio de igual año, realizó un contrato verbal por cuatro noches, para reemplazar a Rina Oquendo el 9 y 11 del mes y año indicado, y la semana siguiente supliendo por dos noches a Daniela Torrico, trabajo realizado en el segundo piso, en el servicio de internación, cirugía y “geobe”; estando acreditada y registrada su asistencia al realizar los controles en el registro biométrico, en las hojas de cambio de turno de enfermería y de asignación de paciente por turno, así como en las hojas de estadística de administración de medicamentos diarios, todos del mes de julio; días de trabajo que hasta la fecha no fueron pagados, pese a sus reiterados reclamos verbales.

Asimismo, fungió funciones del 1 de agosto al 31 de octubre de 2018, en el primer piso en el servicio de medicina y pediatría, situación reconocida –por la entidad demandada– en el memorial de 8 de noviembre del mismo año, presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; con lo que acreditó que tiene tres contratos con la CPS de Cochabamba, aspecto por el que correspondía que obtenga un contrato indefinido; sin embargo, al haber sido retirada se vulneró su derecho al trabajo.

Por otra parte, su condición de madre gestante siempre fue de conocimiento de su empleador, puesto que tenía casi seis meses de embarazo, situación que debió ser tomada en cuenta antes de asumir cualquier decisión, ya que gozaba de inamovilidad y estabilidad laboral reforzada; y pese a ello, su empleador de forma deliberada vulneró sus derechos exponiéndola al desempleo, desmejorando sus condiciones de vida y la de su familia, lo cual desencadenó en que perdiera a su hijo.