AUTO CONSTITUCIONAL 0206/2019-CA

De acuerdo a lo referido en el Fundamento Jurídico precedente desarrollado, por una parte cabe precisar que, conforme a lo determinado por el art. 79 del CPCo: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción” (las negrillas son agregadas); lo cual no aconteció en el caso analizado puesto que quienes formularon la presente demanda señalan que interponen la misma dentro del trámite administrativo seguido por la cadena farmacéutica FARMACORP S.A. ante el SEDES Santa Cruz, para       la autorización de apertura de su tercera sucursal en la ciudad de Montero del aludido departamento (fs. 4); en tal sentido, no se cumplió lo previsto en el art. 79 del citado Código, por cuanto quienes firmaron la demanda de la acción de referencia no son parte dentro del mencionado trámite administrativo, al respecto el AC 0004/2016-CA de 25 de enero citando al   AC 0305/2012-CA de 9 de abril, indicó que: «”…sólo las partes que intervienen dentro de un proceso judicial o administrativo pueden presentar dicha solicitud, para que se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta, de conformidad a lo que establece el      art. 79 de la Ley 254, que señala: Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes (…) Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió precedente constitucional con referencia a esta temática, señalando lo siguiente: ‘…las personas que pueden solicitar se promueva el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, son las partes que intervienen en el proceso judicial o administrativo, es decir, que las únicas personas que están legitimadas para solicitar se promueva este recurso, son las partes intervinientes dentro de un proceso judicial o administrativo’”» (las negrillas son nuestras).

Por otra parte, conforme establecen los arts. 202.1 de la CPE y 73.2 del CPCo, la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto procede en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales, lo cual tampoco sucede en el caso en análisis, ya que la acción normativa fue interpuesta en el procedimiento administrativo iniciado por FARMACORP S.A. para la obtención de funcionamiento de su tercera sucursal, el cual de acuerdo a lo indicado por el Director del SEDES Santa Cruz ya se encuentra concluido; en tal sentido, no existiría resolución pendiente que dependa de la constitucionalidad de las Resoluciones cuya constitucionalidad se cuestiona.