AUTO CONSTITUCIONAL 0225/2019-RCA

Por memoriales presentados el 29 de mayo y 13 de junio ambos de 2019, cursantes de fs. 100 a 118; y, 121 a 122 vta., las accionantes manifestaron que, el 19 de diciembre de 2009, Eugenio Castaños Calle y Lucy Torrez de Castaños, con documentación falsa, iniciaron en su contra demanda por cumplimiento de obligación de contrato por la supuesta suscripción de un documento privado de compromiso de compra-venta de un lote de terreno, ubicado en la avenida Vásquez 1, zona Pura Pura de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 188.66 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2.01.0.99.0113708, de la cual son propietarias; el indicado proceso se llevó adelante sin su conocimiento porque no fueron notificadas de forma personal; y consiguientemente, se dictó la Sentencia 348/10 de 25 de agosto de 2010, que declaró probada la demanda, disponiendo que se cumpla con la entrega del bien inmueble dentro de tercer día de su ejecutoria; sin embargo, al haberse olvidado pedir la escritura pública de compra-venta ante un Notario de Fe Pública, el 14 de junio de 2012, los demandantes iniciaron un nuevo litigio por cumplimiento de obligación de hacer, daños y perjuicios, el cual recién se les notificó de forma legal; es así, que plantearon dos incidentes de nulidad de obrados; uno de ellos por demanda defectuosa, donde aportaron un dictamen pericial, entre otros hicieron conocer principalmente que no eran parte del proceso, debido a que nunca tuvieron contacto con los demandantes ni suscribieron el documento de compra-venta de lote de terreno, mismo que fue resuelto a través de la Resolución 140/2015 de 8 de mayo, anulándose obrados hasta “fs. 40”, contra ésta formularon recurso de apelación.

Agregaron que, el proceso ordinario que concluyó con la Sentencia 505/2016 de 4 de octubre, declarando probada en parte la demanda, por la que, se ordenó a las demandadas otorgar la minuta de compra-venta ante Notario de Fe Pública, respecto al referido lote, bajo alternativa de proceder a la ejecución forzosa de la obligación, y determinándose improbada en cuanto a los daños y perjuicios. La Sentencia aludida fue apelada, haciendo conocer todas las irregularidades; empero, la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 191/2017 de 13 de abril, confirmó la Sentencia indicada, notificándoles el 16 de junio del citado año, cuando ya no tenían opción de plantear recurso de casación; posteriormente, la parte demandante solicitó se dé cumplimiento en ejecución de sentencia y se emita la correspondiente minuta de transferencia, por cuanto, el Juez de la causa las conminó a firmar la misma, en el plazo de diez días.

Para demostrar las irregularidades del proceso, plantearon incidente de nulidad de notificación con la Resolución 191/2017, porque faltaba el sello de un Vocal, desconociéndose quien firmó, pronunciándose la Resolución de 9 de noviembre del indicado año, rechazando el incidente; posteriormente, la demandante pidió se cumpla en ejecución de sentencia el art. 517 del Código Procesal Civil (CPC), el cual no existe; asimismo, el Juez de la causa previamente pidió se aclare si se canceló el saldo de la deuda, a lo que las demandadas hicieron conocer que existe un depósito de $us12 000.- (doce mil dólares estadounidense) en el “…Consejo de la Magistratura…” (sic), el cual no fue recogido por sus personas porque no vendieron su propiedad y nunca recibieron un anticipo por la compra del lote; sin embargo, el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de La Paz, conociendo dichos aspectos, el 26 de febrero de 2018, emitió la minuta de transferencia y adjudicación judicial a favor de Eugenio Castaños Calle y Lucy Torrez de Castaños -demandantes-, inscribiendo su derecho propietario como suyo, en las oficinas de DD.RR. de La Paz, cuando conocían de antemano que no eran ellas quienes vendieron su inmueble, y que había una suplantación de identidad en la firma del documento de compra-venta, pues se demostró con el dictamen pericial documentológico dactiloscópico, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía Boliviana (IITCUP), que las firmas, rúbricas e impresiones digitales estampadas a nombre de Vannia Blanca Esperanza Vélez Ugarte y Alejandra Daniela Reque Ugarte, no guardaban relación de correspondencia a las de comparación de las prenombradas.