SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2019-S3

La problemática planteada radica en el incumplimiento por parte del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a la Conminatoria 006/2019 de 7 de febrero, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la cual, se dispuso que dicha autoridad, a tercero día de su notificación, restituya en sus funciones a Víctor Escalante Apata; incumplimiento en el que persiste, pese a que mediante nota de 20 del mes y año indicado, el impetrante de tutela puso a conocimiento de la entidad municipal, el vencimiento del plazo otorgado, anunciando la interposición de la presente acción.

Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial reconductora desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco del amplio espíritu protector normativo de los derechos sociales en los que se encuentran los asuntos laborales por ser fundamentales y vinculantes a otras potestades y garantías constitucionales, no existe duda de la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por la instancia competente, por lo que, los derechos alegados por el impetrante de tutela como el trabajo y la estabilidad laboral por el incumplimiento de la autoridad demandada, son considerados concurrentes, ya que este, al verse desvinculado de su fuente laboral de manera injustificada tenía las posibilidades de solicitar sea el pago de sus beneficios sociales o solicitar su reincorporación, tal como señala el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); advirtiéndose que en esta ocasión, el trabajador optó por la segunda, acudiendo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez valorada la situación, conminaron al Alcalde del precitado Gobierno Municipal la reinserción inmediata a su fuente de trabajo en los términos demandados por el impetrante de tutela y de esa manera restituirle los derechos denunciados; empero, dicho extremo no se efectivizó en los hechos, correspondiendo a la justicia constitucional analizar desde ese punto de vista protectivo e inmediato que las normas laborales prevén en situaciones análogas, concluyendo que la autoridad demandada, al incumplir la conminatoria 006/2019 emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, vulneró los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral del accionante; por lo que, la referida conminatoria debe ser de cumplimiento obligatorio e inmediato, aclarando que esta disposición tiene carácter provisional, teniendo el demandado la vía administrativa o judicial expeditas para la impugnación respectiva -si así lo considera-, lo que no significa de ningún modo, postergación alguna para su ejecución.