SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2019-S3

En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al señalar que: ‘La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla’” (las negrillas fueron agregadas).

De este Fundamento Jurídico, se extrae que quienes imparten justicia deben observar que toda resolución que pretenda ser considerada fundamentada y motivada, contenga la suficiente explicación de las razones que la justifiquen y respalden; pues, al justiciable le asiste el derecho de conocer las razones de la decisión asumida por el juzgador; así dispone el art. 124 del CPP, aplicable para resoluciones pronunciadas en primera instancia, como las emitidas en apelación. Caso contrario, serían reprochadas de arbitrarias.